Columna ► Después de La Haya: abramos la caja negra

*Este análisis apareció a página completa en la edición dominical de La Tercera. La versión pdf puede leerse aquí. La versión para la edición online fue reproducida acá.

© Rafael Edwards para La Tercera

PASADOS algunos días desde que la Corte Internacional de Justicia anunciara su decisión en el diferendo sobre límite marítimo con Perú, es el momento para hacer un balance de los alcances de este proceso judicial.

El resultado de la desinformación en Chile acerca de conceptos básicos de derecho internacional, y en particular la sólida trayectoria de la Corte en la solución de controversias jurídicas entre estados, fue que a nivel masivo se instaló la percepción de que este alto tribunal falla, por definición, “salomónicamente”; es decir, repartiendo en mitades lo disputado. Una apreciación que probablemente no haríamos respecto de una corte nacional si ésta concediera en un juicio cualquiera algo de razón a cada una de las partes.

Lo primero que vale la pena puntualizar es que si el mapa ha cambiado, no ha sido por una razón de justicia -como planteaba Perú-, sino porque nuestro límite marítimo no era claro. Las partes habían expuesto que este caso versaba sobre tratados (Chile, para sostener que la delimitación ya se había establecido por acuerdo escrito; Perú, para decir que no habiendo tratado específico de delimitación, ésta debía hacerse desde cero). La Corte, empero, observó que el Tratado de 1952 era demasiado vago en sus términos para haber establecido el límite marítimo, mientras que el Tratado de 1954 ya asumía su existencia. Su conclusión fue que entre 1952 y 1954 Chile y Perú acordaron tácitamente un límite marítimo. Un acuerdo tácito que en materia fronteriza -reafirmó la Corte- es excepcional y requiere un alto estándar probatorio.

En seguida, la Corte debió establecer la extensión de ese límite tácitamente trabado. Luego de un detallado estudio de la evidencia (cuyo resumen abarcó la mayor parte del discurso televisado del presidente Tomka), la Corte juzgó que una práctica consistente de pesca y ejercicio de jurisdicción sostenía al paralelo como límite marítimo hasta las 80 millas, en un período temporal mayormente enfocado en la década de los 50, que corresponde al momento en que las partes -destacó la Corte- reconocieron tácitamente la existencia del límite. Este espacio físico donde se desarrolló la práctica que la Corte examinó, coincide con la zona donde se encuentran los recursos vivos. De la milla 81 en adelante, la debilidad de la evidencia -en opinión de la Corte- determinó que se aplicara la regla general de delimitación de espacios marítimos (línea equidistante). El resultado final, una línea paralela quebrada que puede, a primera vista, parecer salomónico o fundado en una noción de equidad extrajurídica. Pero el razonamiento del tribunal colegiado es jurídico y fue aprobado por una mayoría -nada de estrecha- de 10 votos contra seis (la minoría incluyó al presidente Tomka, aunque su voto para estos efectos cuenta como el de cualquier otro juez).

El fallo sólo existe en inglés y francés por ahora, y hay voces que habiéndolo leído, pueden legítimamente no compartir la opinión mayoritaria que decidió este aspecto de la disputa. El derecho no es una ciencia exacta y los jueces de la minoría expresaron buenos argumentos para sostener una extensión mayor del paralelo. Ello no obsta a la respectabilidad del razonamiento de la Corte.

Por parte de Chile, es un hecho que los documentos que fundaron nuestra posición por décadas no eran del todo claros, como el mismo canciller Moreno ha reconocido en días recientes. Y es también un hecho -como subraya el voto de la jueza estadounidense Donoghue- que las partes de este juicio no presentaron su caso sobre la noción de un acuerdo tácito, sino sobre el concepto -más fuerte- de tratados, lo que determinó que la evidencia no se enfocara específicamente en el largo de un límite tácitamente acordado, y que la Corte debiera realizar su propia evaluación de la prueba a este respecto. El dictamen de la Corte, finalmente, enfatiza la inconveniencia de la ambigüedad en materia de fronteras. Por lo tanto, esta sentencia, aunque puede doler, nos beneficia otorgándonos certeza jurídica de nuestra frontera marítima.

Si bien una reacción negativa frente a una sentencia parcialmente adversa es entendible, lo curioso por parte de nuestro país fue que altos personeros ni siquiera esperaron a recibir el fallo para expresar su rechazo a la Corte. Esto explica la moción para la denuncia al Pacto de Bogotá, que brinda jurisdicción a esta instancia tratándose de conflictos entre países americanos. Por un lado, resulta un contrasentido integrar nuevamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, corazón de esta institución, y al mismo tiempo desconfiar abiertamente de su brazo judicial. Es evidente que si la Corte Internacional de Justicia fuera un mal tribunal, que decide de manera arbitraria, no litigarían voluntariamente ante ella países como Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, Canadá, Italia, Japón, Australia, Alemania y Nueva Zelandia, conjuntamente con los países más pequeños y pobres.

Por otro lado, el Pacto de Bogotá es sólo uno de decenas de tratados ratificados por Chile que contienen cláusulas que otorgan jurisdicción a la Corte. Todos estos instrumentos son la expresión tangible de nuestra elevada integración al sistema internacional, marca registrada de la política exterior chilena desde antaño.

Es cierto que las cosas en este juicio no han salido del todo como habríamos querido. Pero una evaluación honesta del proceso vivido involucra no sólo al tercero que ha decidido la disputa, sino a nosotros mismos. No es difícil culpar a la Corte, ampliamente desconocida a nivel masivo, de un resultado parcialmente desfavorable. Pero esto no debe eximirnos de un autoexamen de lo realizado en política exterior, y en particular en la relación con nuestros vecinos.Tenemos un segundo caso en curso ante esta Corte. Es el momento de abrir la caja negra y sacar lecciones de lo sucedido con el primero.

Este juicio ha puesto fin a una disputa importante. Chile debe cumplir el fallo, realizar evaluaciones y estar atento. El Presidente Humala ha dicho que Perú ha cerrado definitivamente la delimitación de sus fronteras. Pero delimitación no es lo mismo que demarcación. El Hito 1 concierne lo último y la canciller de ese país sostiene que la soberanía del llamado triángulo terrestre le corresponde a Perú. Chile ha sostenido desde siempre lo contrario. Aunque el Tratado de 1929 sobre límite terrestre prevé el arbitraje del presidente de los Estados Unidos, situaciones como ésta subrayan la importancia de permanecer en un mecanismo continental que permite que seamos demandantes (no sólo demandados) ante La Haya. Este es uno de los elementos importantes a examinar, ahora que es momento de abrir la caja negra.